Un juez federal consideró que la penalización del aborto promueve estereotipos de género que anulan la capacidad de decidir sobre el proyecto de vida de la demandante, una mujer de Nuevo León que fue acompañada por diversas asociaciones civiles.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 22 de noviembre de 2021.- Por considerar que la regulación del aborto tiene efectos en el ejercicio de sus derechos, ya que promueve estereotipos de género que anulan su capacidad de decidir sobre su proyecto de vida, un juez federal amparó a una mujer de Nuevo León que es acompañada por diversas asociaciones civiles, entre ellas, la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse).

La demandante, quien no cursa un embarazo ni se encuentra procesada penalmente, expuso que el contexto de violencia contra las mujeres, la estigmatización sobre el aborto y los tiempos de espera, no garantizan una resolución rápida en caso de que necesitara un procedimiento de este tipo.

Por todo ello, el pasado 16 de noviembre, el juzgador le dio la razón a la mujer al ordenar que la regulación penal del aborto no se le aplique. De esta forma, ella podría abortar libremente en caso de requerirlo, sin tener que justificar sus motivos y sin temor a ser criminalizada.

Se trata del primer amparo en todo el país que que reconoce el derecho a interrumpir el embarazo, aunque el código penal no se haya reformado. Actualmente, solo cinco entidades han despenalizado el aborto hasta las doce semanas, mientras que, en septiembre de este año, el Pleno de la Suprema Corte se pronunció sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en Coahuila.

La decisión del juez reafirma la posibilidad de que las mujeres y personas gestantes que radican en las entidades donde aún no se ha modificado el código penal puedan solicitar un aborto voluntario sin ser criminalizadas. Además, muestra la necesidad de que las normas jurídicas se modifiquen para garantizar sus derechos. 

Unasse y las demás organizaciones que promovieron el recurso hicieron un llamado a las legislaturas locales que no han reformado sus códigos penales a que lo hagan a la brevedad. De no hacerlo, dijeron, los amparos continuarán y, de ser necesario, se solicitará la intervención de la Suprema Corte.