La senadora solicitó que se promueva una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley y señaló al Gobierno del Estado de atentar contra el referéndum.

 Por Redacción

Mérida, Yucatán, 10 de agosto de 2022.-La senadora Verónica Camino Farjat, solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención para promover la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) por vulnerar los derechos humanos de los más de 30 mil trabajadores del gobierno y de los Poderes públicos del Estado.

A través de un comunicado, se informó que la morenista dirigió un escrito a la titular de este órgano, María del Rosario Piedra Ibarra, en contra del Decreto 532/2022 que contiene dicha ley.

Camino Farjat puntualizó que su intervención es la respuesta al llamado que le hicieron cientos de trabajadores de los Poderes del Estado y lideres sindicales preocupados por la situación actual que viven en sus centros laborales, ya que el contenido de la mencionada ley les afecta en las pensiones y jubilaciones, a la vez que deteriora la calidad de vida de sus familias.

En ese sentido precisó que con esta Ley se aumentará del 8 al 15% el pago de las cuotas y aportaciones para el fondo de pensiones al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, ocasionado que la base trabajadora percibirá menos ingresos en su sueldo.

También, anotó, se violan los Derechos Humanos de los trabajadores al aumentar el tiempo para jubilarse pasando de 30 años a 35 años de servicio, y recibirán menos dinero, situación que parece no importarle ni al Gobernador, ni a los diputados que aprobaron la nueva Ley del ISSTEY.

Explicó que la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSTEY viola el Principio Pro-persona, ya que limita el crecimiento personal y la carrera en el servicio público de las y los trabajadores del estado, pues les quita la posibilidad de mejorar las condiciones de un mejor ingreso al jubilarse o pensionarse de acuerdo a sus últimos salarios.

Por ello, aseguró, los planteamientos de esta nueva norma son evidentemente regresivos en sus garantías laborales, ya que atentan contra su derecho a una jubilación digna.

La senadora de Morena por Yucatán apuntó: “Varias personas me informaron que los están hostigando y amenazando de ser despedidos, si dicen o hacen algo para salvaguardar sus derechos, y por ello haremos valer sus derechos en el momento oportuno”.

Señaló que, con la imposición de la ley, el Gobierno del Estado atentó y trasgredió el Derecho Humano de acceder a los mecanismos de participación ciudadana, al hacer nugatoria la posibilidad de los trabajadores de someter el contenido del decreto 532/2022 a un medio democrático de consulta como es el Referéndum, previsto en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

Ante ese hecho, advirtió que de demostrarse que se coaligaron servidores públicos para violar la ley, la Constitución u otras disposiciones de carácter general e impedir su ejecución, podrían ser sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa y del tipo penal, ya que afectaron los principios de Legalidad e Independencia del Organismo Electoral encargado de llevar a cabo la consulta ciudadana y actuaron presumiblemente con dolo y grave negligencia conjuntamente con el Congreso del Estado y diversos funcionarios del Poder Ejecutivo.

“Estoy convencida que después de entregar toda una vida al servicio del estado y a la sociedad, tienen sin duda, el derecho humano de disfrutar de un retiro digno con una jubilación bien ganada y justa”, asentó.

Finalmente, reiteró su compromiso de acompañar a los trabajadores en la lucha por sus derechos laborales, y que además de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Acción de Inconstitucionalidad, apoyará a los trabajadores que deseen interponer la demanda de Juicio Amparo contra la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.