Un monitoreo arrojó que los mayahablantes, personas LGBTIQ+, mujeres y periodistas son los más discriminados y agredidos en Yucatán.

Por Itzel Chan 

Mérida, Yucatán, 27 de febrero de 2023.-Al presentar un informe del monitoreo sobre casos de abuso policial en Yucatán, las asociaciones Elementa DDHH y el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) indicaron que en el 70 por ciento de las detenciones arbitrarias se registraron actos de violencia y daños físicos.

Aseguraron que persiste la violencia sistemática en contra de personas racializadas, mujeres, mayahablantes, indígenas, Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales, Queer y más (LGBTIQ+) y periodistas, ya que son de las más discriminadas y agredidas.

En ese sentido, hicieron un llamado a las instituciones del Estado para que reconozcan y visibilicen que existe una grave problemática de detenciones arbitrarias y abuso policial que vulnera derechos humanos.

Ante la falta de reconocimiento de las autoridades estatales y municipales de la problemática relacionada con abuso policial y violaciones a derechos humanos, Elementa DDHH y el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi) realizaron un  monitoreo de medios de comunicación y redes sociales y encontraron 36 casos que reflejan una sistematicidad en las formas de abuso policial: detenciones arbitrarias, revisiones y allanamiento sin órdenes judiciales, abuso de poder, violencia y daños físicos, abuso sexual, entre otros.

Por parte de Cejudi, las activistas Rosa Cruz Pech y María Paula Balam indicaron que en Yucatán, de igual forma durante las manifestaciones se identifica una presencia desproporcional de policías.

María Paula Balam resaltó que Mérida ocupa el primer lugar en casos de detenciones arbitrarias, seguida de Progreso, Ticul, Umán y Tekax.

“Aunque Mérida sigue siendo el epicentro de los abusos policiales, es notoria la diversificación de casos en otros lugares donde anteriormente no había denuncias al respecto”, indicó.

Del total de casos detectados en el 2022, el 70 por ciento denunció violencia y daños físicos, además de que se registró un homicidio que se dio en condiciones de opacidad y total impunidad.

Dentro de los principales resultados, igual identificaron que al menos un 36 por ciento de los casos dijo que se trató de una detención arbitraria y hubo uso de la fuerza en 42.6 de los casos.

La mayoría de las detenciones se dieron en contextos de revisión, retenes o allanamiento y cateos sin justificaciones claras -y por lo tanto arbitrarias-, así como en situaciones donde las personas detenidas no estaban cometiendo algún tipo de infracción o delito, por lo tanto, un 30 por ciento de las personas reportaron desde actos de intimidación, amenazas, hasta violencia sexual.

Las activistas hicieron mención de las represiones en manifestaciones y recordaron el caso de  2019 cuando en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer detuvieron sin justificación a seis mujeres.

“Esto fue sumamente grave al igual que la represión en 2020 cuando durante el primer informe de gobierno, personas se oponían y manifestaban por el reemplacamiento y fueron gaseadas por la policía”, describió María Paula.

Recordaron el caso reciente de las personas activistas cannábicas que fueron detenidas, violando así sus derechos humanos y a la intervención de la policía en la comunidad maya de Sitilpech en contra de pobladores que defienden su territorio.

En el monitoreo, se destacó que la violencia policial contra periodistas representa el 14.5 por ciento de los casos documentados y esto lo calificó la activista como una sintomatología de la violencia que existe en el estado y que al mismo tiempo es velada.

“Hay 30 casos de violencia contra periodistas, colocando a Yucatán en el segundo estado con más violencia de este tipo, por lo tanto, consideramos que no existen protocolos adecuados para el uso de la fuerza pública, mucho menos en protestas y manifestaciones”, indicó.

Olimpia Martínez, de ELEMENTA DDHH, explicó que desde 2019 realizan registros de discriminación, detenciones arbitrarias y abuso policial en Yucatán.

“Lo que nos preocupa es que en Yucatán se detienen a personas con cierto perfil, con ciertas características y en este monitoreo que hicimos, no sólo aumentan los casos sino aumenta la violencia sistémica en contra de personas racializadas, mujeres, mayahablantes, indígenas, LGBTIQ+ y periodistas”, agregó.

De esta manera, la activista se cuestionó: Yucatán es un estado seguro, pero ¿para quién?

En una solicitud que hicieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), entre 2020 y 2023 hubo 376 quejas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y casos de tortura.

“También vemos que la Codhey sigue siendo muy complaciente con el estado y no se pronuncia en estos casos”, añadió.

De esta forma, indicaron que harían de manera formal un llamado al Gobierno Estatal y municipales, a la SSP y policías municipales, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Codhey para revisar y establecer protocolos de actuación en materia de detenciones y actuación de las fuerzas policiales, especialmente en el contexto de protestas y manifestaciones pacíficas, que estén homologados con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.