A pesar de que las autoridades siguen negando cambios a la ley, Yucatán, junto con Chihuahua, es la entidad en donde más amparos han presentado las parejas del mismo sexo para casarse.

Por Herbeth Escalante.

Mérida, Yucatán, 31 de mayo de 2019.- De acuerdo con datos del Registro Civil, en los últimos seis años se han concretado 90 matrimonios entre personas del mismo sexo en Yucatán, todos por la vía del amparo.

A pesar de que en el Congreso local aún no se realizan cambios normativos para garantizar que estas uniones civiles se realicen de manera directa, en la entidad 45 parejas de mujeres y 45 de hombres obtuvieron amparos federales para poder casarse.

Tan sólo en este 2019, tres parejas del mismo sexo se casaron en Yucatán, mientras que el año pasado lo consiguieron 24.

La primera boda gay se realizó en el 2013, cuando Javier Carrillo y Ricardo Góngora recurrieron a un juzgado federal que obligó al Registro Civil yucateco a casarlos. Desde entonces, otras parejas han seguido el mismo proceso.

En 2014 contrajeron matrimonio 11, en 2015 lo consiguieron 13, en 2016 otras 18 y para 2017 la cifra llegó a 20. Aunque la mayoría se realizó en Mérida, también han habido en Umán, Progreso y Hunucmá.

“Yucatán junto con Chihuahua son las entidades federativas en donde más amparos han presentado las parejas del mismo sexo para casarse, situación que hace que sea más grave y ridículo lo que aconteció el 10 de abril, cuando el Congreso se negó a aprobar una reforma que buscaba abrir la puerta para modificar el Código de Familia y se reconociera el matrimonio igualitario”, declaró el abogado de Grupo Indignación, Jorge Fernández Mendiburu.

El activista, quien han asesorado jurídicamente a muchas de estas parejas, indicó que tras la decisión de las y los diputados, un amplio sector de la sociedad ha manifestado abiertamente su inconformidad por lo que esperan que pronto rectifiquen y hagan las reformas pertinentes.

“La legislación actual no está reconociendo una realidad, no se está considerando y no sólo se trata del matrimonio, también está el tema del concubinato y el reconocimiento de la identidad jurídica de las personas transgénero para que puedan modificar sus actas de nacimiento”, señaló.

Fernández Mendiburu explicó que no sólo se trata de aprobar estas figuras jurídicas, sino que éstas permitirán a las personas de la comunidad LGBTTTI  acceder a otros derechos que de ahí se derivan, como a la salud, herencia, seguridad social, entre otros.

El próximo 8 de junio se realizará en Mérida la XVII Marcha de la Diversidad Sexual, Igualdad de Derechos, en la que se espera un fuerte mensaje político, precisamente ante la negativa de las autoridades locales de reconocer los derechos de este sector de la población. (Foto de Hugo Borges)