Las bancadas del PRI y el PAN piden hasta cinco años de cárcel a quienes lesionen a las y los trabajadores de salud en Yucatán, sanción que se elevaría en emergencias sanitarias como la actual.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 22 de abril de 2020.- Tras las más recientes agresiones a trabajadoras y trabajadores del sector salud en la actual contingencia por el Covid-19, las bancadas del PRI y del PAN en el Congreso del Estado presentaron iniciativas de ley para endurecer las penas con cárcel a quienes les causen lesiones durante emergencias sanitarias en Yucatán.

El diputado priísta Luis Borjas Romero explicó que se crearía el artículo 350-Bis en el Código Penal para que se sancione de uno a tres años de prisión a la persona que provoque lesiones a otra que labore en una institución médica o de prestación de servicios de salud pública o privada, y que éstas tarden en sanar hasta quince días.

Si el tiempo de recuperación demore más de quince días, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cincuenta a quinientos días-multa.

Eso sí, Borjas recalcó que la iniciativa contempla que cuando las agresiones se cometan durante una emergencia sanitaria como la actual o, quien las infiera sea un servidor público, las penalidades  aumentarán hasta en una mitad más.

El legislador recordó que en Yucatán y en otras partes del mundo han ocurrido eventos de violencia contra personas que, por el único hecho de vestir con ropa clínica o uniforme de alguna institución de salud, reciben agresiones por parte de personas irracionales.

Lamentó que al personal de enfermería y de medicina les han proferido insultos, negado el acceso a algún servicio, agredido físicamente,  arrojado líquidos o químicos que podrían ser muy dañinos y generar lesiones graves que sean de difícil o hasta imposible recuperación, por lo que es necesario endurecer los castigos a los agresores.

“Si bien la propuesta no evitará que estas conductas antisociales e inhumanas vuelvan a ocurrir el Yucatán,  el aumento de la sanción podrá disuadir a quienes puedan, en algún momento, considerar hacerlo”, recalcó Luis Borjas.

Sobre ese mismo tema, el panista Manuel Díaz Suárez también presentó una iniciativa para adicionar el artículo 185 bis, así como reformas al Código Penal,  para sancionar de dos hasta cinco años de prisión a quien realice o incite a actos de violencia o discriminación contra el personal médico, que podría aumentar si se comenten en una emergencia sanitaria.

En ese sentido, manifestó que el amplio miedo al virus y la desinformación han provocado el  fenómeno de la discriminación  selectiva hacia trabajadores de la salud. De hecho, puso como ejemplo las agresiones sufridas por personal del IMSS en Yucatán fuera de sus áreas de trabajo, así como malos tratos recibidos por parientes de un enfermo de Covid-19.