La iniciativa de Vila Dosal para tipificar la violencia obstétrica no solucionará este complejo problema. Sería “lavarse las manos”, en vez de aplicar políticas públicas con enfoque de derechos humanos para evitar que se violente a mujeres embarazadas.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 1 de abril de 2019.- El mes pasado, el gobernador Mauricio Vila Dosal envió al Congreso local una serie de iniciativas encaminadas a elevar las penas para quienes violenten a las mujeres en Yucatán, entre las que se plantea tipificar como delito la violencia obstétrica; sin embargo, esta medida criminalizaría al personal de salud en vez de acabar con este complejo problema.

Aunque aún no se conoce a detalle la propuesta que será discutida por diputadas y diputados, se averiguó que contempla sanciones que irían de uno a tres años de prisión para quienes cometan daño físico o psicológico contra las mujeres durante el embarazo, parto o postparto. 

Para la activista y abogada de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), Amelia Ojeda Sosa, incluir la violencia obstétrica en el Código Penal es una visión muy limitada para atender una problemática mucho más amplia y lo único que logrará es criminalizar a quienes trabajan en el área de la salud.

“La salida más fácil es la tipificación, cada vez que hay un conflicto social las autoridades buscan tipificar cualquier hecho para meter a todo mundo a la cárcel. Lo que no dicen es que realmente pocos llegan a prisión… la vía legal debe ser el último recurso en una sociedad, pues lo primero que hay que hacer es aplicar otro tipo de medidas con un enfoque de derechos humanos que eviten que ocurran este tipo de violencias”, explicó.

Cuando Vila Dosal dio a conocer esa iniciativa el pasado 8 de marzo en Maxcanú, dijo que la finalidad es tipificar diversas conductas cometidas por el personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud, públicas o privadas, durante el embarazo, parto, y puerperio, o en emergencias obstétricas de niñas, adolescentes o adultas. Las sanciones serían de acuerdo con la conducta en particular.

Al respecto, Ojeda Sosa opinó que dicha propuesta “es para lavarse las manos” ante un problema más complejo, sobre todo porque es deber del Estado procurar que hayan las condiciones para que las mujeres no sean violentadas, discriminadas y que no sufran tratos crueles, inhumanos y degradantes.

“Ya sabemos que la violencia obstétrica incluye diferentes tipos de acciones contra la mujer en el embarazo, parto y posparto, pero por el otro lado también están las omisiones, como el hecho que no te den el servicio a la salud, que no haya el equipo o los medicamentos necesarios para una atención adecuada, entre otras. Todo eso corresponde a una política pública más integral de salud para las mujeres embarazadas, pero en lugar de eso quieren criminalizar al personal de los hospitales”, sostuvo. 

La abogada indicó que en vez de buscar cómo sancionar, los pasos que se deben seguir es capacitar y actualizar al personal de manera constante, incluir un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y pertinencia cultural a los programas de salud, así como en las curriculas de las escuelas en donde se imparten carreras afines.  

Además, el gobierno y el propio Congreso deben aprobar presupuestos para que se cuente con la infraestructura y equipo suficiente que permitan cubrir las necesidades de atención de las gestantes.

Tipificar la violencia obstétrica, recalcó, no servirá de mucho sino se desarrolla una política integral con enfoque de derechos humanos y que garantice que  no serán violentadas en los hospitales.  

“No se va a resolver nada, todos sabemos que el proceso judicial es el camino más largo, tortuoso y caro. La reparación de daño debe ser que el Estado brinde la atención necesaria para que la mujer pueda recuperarse física y emocionalmente, pero sobre todo que se tomen medidas de no repetición. Eso se logra con capacitación, actualización, equipamiento, contar con el personal especializado, entre otras”, insistió.  

De hecho, la abogada de Unasse recordó que en el Código Penal actual existen tipos delictivos que se pueden adecuar a la cuestión individual para sancionar a quienes cometan acciones en contra de embarazadas, como lesiones, negligencia, falta de pericia en la atención y los diferentes tipos de violencias. Por tal razón, no es necesario la tipificación.

“Se requiere reducir la solución creando un nuevo delito, que únicamente criminalizará al personal médico, de enfermería, de trabajo social o psicología. Lo que en realidad se requiere es una intervención más amplia de políticas públicas que vayan encaminadas a la prevención y atención de los casos”, subrayó.

Hay que visibilizar la violencia obstétrica

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, María Herrera Paramo, indicó que la iniciativa plantea básicamente que se cumpla adecuadamente con la atención de las embarazadas y que habrá consecuencias reales para quienes no lo hagan. 

Declaró que también servirá para visibilizar que existe esa violencia, sobre todo en las adolescentes, quienes ya de por sí vienen de una afectación de índole sexual en particular.

“Tratamos, con esa penalización, que toda la gente que las atiende se alinee con las estrategias de cuidado, que tengan más cuidado en los protocolos de actuación, porque ahí está la problemática”, señaló la funcionaria.

Herrera Paramo también sostuvo que, si bien con esta iniciativa no se va a acabar con el problema de la violencia obstétrica, sí se contribuirá en su disminución, por lo que también le apostarán a la capacitación del personal de salud. 

La violencia obstétrica ha provocado muertes en Yucatán 

En diciembre de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió la Recomendación General 07/2015 dirigida a la Secretaría de Salud estatal (SSY), fundada en 26 quejas sobre violencia obstétrica que condujeron a la muerte de cinco mujeres y nueve bebés.  

Asimismo, violación a la protección de la salud, al derecho a la protección a la integridad y al derecho de niñas y niños a la protección de su integridad, así como omitir dar información sobre su condición. 

La Comisión informó en ese momento que, de las agraviadas, cinco fallecieron y nueve bebés murieron. Los decesos ocurrieron por no recibir los cuidados necesarios en el momento oportuno, aun cuando habían sido solicitados.