Aseguran que en el proceso de nombramiento de Mendoza Casanova no se cumplió con el requisito de paridad ni tampoco el de honorabilidad, debido a sus antecedentes de violencia.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 6 de enero de 2024.- Activistas feministas yucatecas promovieron una demanda de amparo en contra de la designación de Luis Armando Mendoza Casanova como magistrado del Poder Judicial del Estado, argumentando que no tiene la honorabilidad para dicho encargo debido a sus antecedentes de violencia de género y por sus polémicas resoluciones cuando fue juez.

De igual manera argumentan que no se cumplió con el principio de paridad de género al momento de que el Ejecutivo presentó la terna, ya que estuvo compuesta por tres hombres, ni se consideró que en la Sala Penal en la que se requería esa magistratura estaba integrada por dos varones.

En rueda de prensa, convocada por el Frente por los Derechos de las Mujeres de Yucatán, las activistas aclararon que la designación de Mendoza Casanova sí viola el espíritu y la esencia de la Ley 3 de 3, la cual establece que ningún agresor de mujeres llegue a puestos de poder, pero por estrategia jurídica no abordan este punto porque dicho sujeto no fue sentenciado penalmente cuando se le denunció por violencia familiar.

La doctora Ligia Vera Gamboa informó que la demanda fue presentada el pasado 4 de enero y fue turnada al Juzgado Quinto de Distrito federal, por lo que confían que en los próximos días sea aceptada para iniciar con el juicio.

Por su parte, la activista Gina Villagómez Valdez recalcó que la Ley 3 de 3 es una bandera del gobernador Mauricio Vila Dosal con la que se “placea” a nivel local y nacional, por lo que es lamentablemente que se haya violado su espíritu con la designación de Mendoza, por lo que está dejando a las mujeres en una situación de violencia institucional.

Cabe mencionar que el abogado que apoya a las activistas en esta demanda es Jorge Fernández Mendiburu, quien tiene amplia experiencia en casos en los que se han vulnerado los derechos humanos de grupos vulnerables, como las personas indígenas.

Al abundar sobre la demanda, el abogado explicó que el artículo 64 de la Constitución yucateca establece que en el proceso de nombramiento de magistrados se tiene que respetar la paridad de género, cosa que no sucedió por parte por el Ejecutivo al presentar la terna, ni por parte del Congreso local al momento de aprobar el nombramiento.

Otro punto plasmado en la demanda tiene que ver con los antecedes de la persona propuesta a magistrado, ya que el artículo 116 de la Constitución federal  y el 65 de la local indican que una de las característica que tienen que tener los candidatos a esos encargos es que demuestren que tienen capacidad en su trabajo, honorabilidad y prestigio.

“No es un principio cualquiera, es un principio procedimental que si no se cumple, se viola el proceso de nombramiento de magistrado. Lo que nosotros argumentamos es que hay antecedentes que demuestran que Mendoza no los cumple”, dijo.

En ese sentido, Jorge Fernández recordó que hay una resolución en una toca penal en el que se revoca una sentencia que él había emitido en el que exoneró a un hombre que violó a una niña, además de que existen denuncias penales en su contra por parte de dos mujeres por violencia familiar.

“Por todo esto, al haber nombrado como magistrado a esta persona con esos antecedentes, se pone en riesgo la obligación de juzgar con perspectiva de género, se pone en riesgo a las niñas y mujeres de nuestra estado”, apuntó.

El abogado explicó que con  este juicio de amparo buscan que se reponga el procedimiento de designación de la magistratura, es decir, que se repita presentando una terna que sí cumpla con los requisitos constitucionales.

La demanda fue promovida por 14 activistas de diferentes sectores de la sociedad civil, incluyendo a agrupaciones como el Frente por los Derechos de las Mujeres, Red Mujeres por la Democracia Paritaria y la Red de Acompañamiento Yucatán.