En total, ya son cuatro municipios demandados: Chocholá, Izamal, Mérida y Mocochá, por colocar imágenes religiosas en edificios públicos.

Por Claudia Arriaga

 Mérida, Yucatán, 20 de enero del 2021.- En total, ya son cuatro ayuntamientos yucatecos demandados por violar el Estado laico al colocar imágenes religiosas del “Nacimiento de Cristo” en edificios públicos a finales del 2020, pues todos los juicios de amparo fueron aceptados por jueces federales y deberán resolverse en las próximas semanas.

 En entrevista, el colaborador jurídico de la asociación Kanan Derechos Humanos, Miguel Anguas, recordó que los Municipios de Chocholá e Izamal fueron los primeros en ser requeridos por el Poder Judicial de la Federación, y en febrero tocará turno a Mérida y Mocochá.

Cabe recordar que, hasta el 15 de diciembre, únicamente la demanda de amparo en contra del municipio de Chocholá fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito.

“El de Mérida e Izamal se admitieron hace poco porque los juzgados se fueron de vacaciones hasta los primeros días de enero y por el Covid-19. Fue entre el 11 y 14 de enero que admitieron las demandas. También metimos una demanda de amparo en contra de Mocochá en esas fechas”, señaló Miguel Anguas.

Las demandas fueron admitidas en diferentes juzgados y por eso se celebrarán en distintas fechas. Chocholá y Mérida están en el Cuarto, mientras que Mocochá en el Segundo e Izamal en el Quinto.

Aunque ya hay fechas establecidas, el abogado informó que existe la posibilidad de que no se lleven a cabo las audiencias porque los ayuntamientos deben responder la demanda. Por ejemplo, en el caso de Chocholá lo hizo a medias. “Este municipio alegó que no afectaba a las personas que se quejaron porque era una simple manifestación del ayuntamiento, pero que no era una representación católica”, comentó.

Para el Colectivo Kanan, la relevancia de estas acciones legales en contra de las autoridades por violentar el Estado laico radica en que estas creencias religiosas son las mismas que se interponen en la toma de decisiones en las comunidades, afectando los derechos humanos de las y los pobladores.

“Lo hemos visto en el Congreso del Estado, en  donde toman decisiones de crear leyes que pueden garantizar derechos o no garantizar los derechos”, puntualizó Anguas.