El secretario municipal, Alejandro Ruz, señaló que están analizando los alcances del documento y que responderán en 15 días.

Por su parte, el Ayuntamiento indicó que está dispuesto a colaborar en el avance de la investigación para esclarecer la muerte de José Eduardo.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 9 de enero de 2022.- El secretario de la Comuna de Mérida, Alejandro Ruz Castro, declaró que están analizando la Recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de la muerte de José Eduardo Ravelo Echavarría, por lo que aún no han determinado si la aceptarán o no.

Entrevistado en el Congreso del Estado, confirmó que el viernes por la noche recibieron el documento enviado por el organismo autónomo y recordó que cuentan con 15 días hábiles para determinar la aceptación o no.

“Estamos en el análisis, y ya dentro del plazo estaremos determinando.  Aún no hay ninguna determinación, estamos iniciando el análisis”, señaló.

Al preguntarle su opinión, Alejandro Ruz dijo que sabían que había un procedimiento por parte de la CNDH y que en cualquier momento se podía emitir una resolución.

“Y ya  se hizo y pues el procedimiento que sigue posteriormente a la Recomendación está establecido en la ley y vamos a cumplir con él. No puedo dar una opinión en este momento, estamos en el análisis y ya dentro del plazo estaríamos resolviendo”, agregó.

Recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un boletín en octubre pasado, el cual contradice a la CNDH,  por lo que están analizando los alcances de la Recomendación.

Explicó que será determinación del alcalde Renán Barrera Concha aceptar o no la Recomendación, ya que está dirigida a él.

Ayuntamiento, dispuesto a colaborar.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida aseguró que está en total disposición de colaborar en el proceso de investigación sobre el fallecimiento del joven José Eduardo Ravelo Echavarría, y recalcó que responderán a la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el plazo estipulado de 15 días.

En una tarjeta informativa, indicó que la Recomendación 50 VG/2022 se recibió el pasado viernes 7 de enero, a las 10: 30 de la noche.

“Responderemos conforme a la ley y en el plazo estipulado que es de 15 días. El cumplimiento al respeto de los derechos humanos forma parte de nuestra agenda de todos los días”, recalcó el Municipio.

También enfatizó que las políticas públicas del Ayuntamiento de Mérida están basadas en el respeto a los derechos humanos de todas y todos, y que desde el inicio de esta administración realizan un trabajo interno en la Policía Municipal para fortalecer la capacitación de los elementos y procurar la actualización de los protocolos.

“Nuestra total disposición y apertura con todas las instancias para seguir avanzando en el proceso de investigación sobre el lamentable fallecimiento del joven José Eduardo”, recalcó.

Cabe mencionar que en la Recomendación, la CNDH sostuvo que la Policía Municipal de Mérida sí cometió actos de tortura y lesiones al joven veracruzano, los cuales le provocaron su muerte.

De aceptar dicha Recomendación, el Ayuntamiento tendría que indemnizar a la familia de José Eduardo y el alcalde Renán Barrera Concha ofrecería una disculpa pública institucional.

El documento también está dirigido a la Fiscalía General de Yucatán (FGE), debido a diversas inconsistencias en la investigación de este caso, sobre todo  negligencias y omisiones en la necropsia del cuerpo de la víctima, ya que no informó la presencia de heridas en su cabeza, tórax, cuello, abdomen, entre otras zonas.

Cabe mencionar que pese a la Recomendación de la CNDH, el pasado 28 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que atrajo la investigación del caso, informó que el joven José Eduardo no fue víctima de tortura ni de violación por parte de los policías de Mérida.

También señaló que tras realizar la exhumación del cadáver y la necropsia, se concluyó que el joven falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención. Aseguró que tras analizar diversos videos y otras pruebas, no se advierte que los agentes cometieron violaciones a sus derechos humanos o comisión de algún delito, más bien se observan maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto.