En el análisis de la Glosa, el diputado de Morena Alejandro Cuevas señaló que hay que revisar cuál es la situación financiera real del Isstey  y realizar reformas a su ley para revertir el daño económico y social a los trabajadores.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 25 de septiembre de 2024.- Durante la sesión del Congreso del Estado en la que se analizó el primer bloque de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, legisladores de Morena y de Movimiento Ciudadano lamentaron que los funcionarios estatales fueron evasivos ante las preguntas planteadas en las comparecencias, sobre todo en temas con la situación del Isstey.

En ese punto, el morenista Alejandro Cuevas Mena recordó que el gobierno saliente aprobó la Ley Isstey que afectó a 43 mil trabajadores de las distintas instituciones públicas del estado, con el argumento de que esa dependencia estaba en quiebra. En ese sentido, lamentó que duplicaron las cotizaciones a los trabajadores, pasando del 8 por ciento sobre su salario al 15.

“Antes de la reforma, los trabajadores podían jubilarse con 30 años de cotizaciones, y a partir de la nueva Ley, tendrán que haber cotizado 35 años, y además les impusieron haber cumplido 65 años de edad. Doble condición para jubilarte”, recalcó.

Cuevas Mena también criticó que este gobierno remató 3 mil hectáreas de un terreno en Ucú a urbanizadores, así como un supermercado, pero ante los cuestionamientos sobre eso, el director de esa dependencia, José Arturo Sánchez Martínez , guardó silencio. 

En ese sentido, el diputado de Morena señaló que hay que revisar cuál es la situación financiera real del Isstey  para ver en qué medida se podrían realizar reformas a la mencionada ley y así revertir el daño económico y social a los trabajadores del estado, así como fiscalizar el alcance real de los remates de las propiedades de esta Institución.

Entre las inversiones de este día, también destacó el de la diputada de Movimiento Ciudadano, Larrisa Acosta Escalante, quien criticó que la Glosa es un trámite que parece más diseñado para evadir las preguntas incomodas que para dar respuestas concretas. Además, enfatizó que éstas fueron burocráticamente evasivas.

En ese sentido, lamentó que los funcionarios no explicaron la razón por la que no se aplica presupuesto a favor de la comunidad LGBT+, ni por qué se criminalizó a los pobladores de Sitilpech cuando salieron a manifestarse en contra de la contaminación del agua.

“Nos toca fiscalizar no solo las narrativas de las instituciones y sus funcionarios, hay que fiscalizar también las prácticas. Hay que vigilar la congruencia en actos antes que a la congruencia en palabras. Nos toca asegurarnos de que la ciudadanía de Yucatán tenga a los funcionarios que merece: transparentes, comprometidos y responsables”, sentenció.