Pasa en Comisiones el proyecto de dictamen que establece reducir la edad de las y los trabajadores para poder jubilarse, eliminar el salario regulador y congelar al 11 por ciento las cuotas. Considera puntos de la sentencia de la Corte que invalidó artículos de la controvertida ley de Vila del 2022.

Morena sostuvo que se corrige una injusticia histórica, PRI asegura que no se restituyen todos los derechos de los trabajadores y el PAN advierte que se requieren datos técnicos que garanticen la viabilidad del Isstey.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 22 de octubre de 2025.- Con el voto mayoritario de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación el proyecto de dictamen de la Reforma al Isstey enviada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, la cual plantea reducir la edad de las y los trabajadores para poder jubilarse, eliminar el salario regulador y congelar al 11 por ciento las cuotas que se les descuenta en la nómina.

El mencionado proyecto recoge varios puntos de la sentencia de acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que como se recordará, invalidó artículos de la controvertida Ley del Isstey del 2022 del exgobernador panista Mauricio Vila Dosal.

Antes de la discusión del dictamen, se realizó un ejercicio de parlamento abierto para que las diputadas y los diputados pudieran  escuchar propuestas de las dirigencias de seis agrupaciones sindicales, quienes también resaltaron que la mencionada reforma del gobernador beneficiará a más de 40 mil servidores públicos y a sus familias.

Una de las posturas más críticas fue el  de la secretaria general del Sindicato Progresista del Poder Judicial, Luisa Inés Martín Puc, quien no sólo recordó el movimiento de la base trabajadora que impulsó la mencionada acción de inconstitucionalidad, sino recalcó que el gobierno anterior de Vila y los diputados del PAN de la pasada legislatura trataron de condenar a los burócratas con esa ley. 

“El pueblo sabio no perdona y el tiempo nos dio la razón.  Confiamos que los actuales legisladores sean aliados de la base trabajadora y también reconocemos al gobernador Joaquín Díaz Mena, quien de manera responsable está cumpliendo su compromiso de devolver los derechos que pretendía robarnos el gobierno anterior”, dijo.

Llamó la atención que también asistieron dirigentes sindicales que en el 2022 prácticamente fueron “tapetes” de Vila y guardaron silencio cuando se aprobó la Ley del Isstey que afectó a sus agremiados, como Jervis García Vázquez, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, o Renán Puc Chi, del Sindicato Único del Poder Judicial. 

Con respecto a la discusión del proyecto de dictamen, el coordinador de la bancada de Morena, Wilmer Manuel Monforte Marfil,  expresó su respaldo a las y los trabajadores al servicio del Estado que, señaló, fueron afectados en sus derechos durante administraciones anteriores y llamó a defender una reforma “que no nace de las especulaciones sino del territorio y la convicción política”.

“Hoy defendemos una reforma que corrige una injusticia histórica, una reforma que pone fin a los errores del 2022 cuando se impuso un modelo que redujo derechos, recortó pensiones y castigó el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Aquella reforma introdujo el llamado salario regulador, esa figura fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque violaba el principio de progresividad de los derechos laborales y hoy con visión política esta Legislatura debe derogar ese error”, sostuvo.

Al eliminarse el salario regulador, ahora se tomarán en cuenta la cotización de los últimos dos años de servicio de los trabajadores para que puedan obtener pensiones más dignas, ya que la ley de Vila establecía que sea el 85 por ciento del promedio de los últimos 20 años.

Por su parte, la diputada de Morena, Claudia Estefanía Baeza Martínez, destacó que la iniciativa también establece candados para evitar la libre disposición del recurso de los trabajadores al prohibir las inversiones de riesgo de sus pensiones.

La reforma de igual forma plantea la reducción de la edad de jubilación, pasando  de 65 a 55 años; además que los años de cotización sea de 30 para hombres y 28 para mujeres. También congela las aportaciones de los trabajadores de transición en 11 por ciento hasta el año 2030. 

PRI dice que fue insuficiente

Durante la discusión, el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, expresó que el proyecto de dictamen de la Reforma al Isstey es insuficiente, no garantiza la viabilidad financiera del instituto ni restituye todos los derechos laborales de los servidores públicos de Yucatán. 

Como ejemplo, el legislador precisó que la mayoría de Morena se opuso a la propuesta del PRI que consideraba tipificar como delito en el Código Penal la omisión o retención indebida de cuotas de seguridad social, la cual tenía como objetivo evitar desfalcos a las pensiones de los trabajadores. 

“Me parece trillado que se siga diciendo que en gobiernos anteriores hubo desfalcos en el Isstey y que era su ‘caja chica’, pero que no se haga nada para castigar a los supuestos responsable. La propuesta del PRI planteó que se les pueda denunciar penalmente, pues todavía viven los que fueron directores del instituto, algunos hasta son funcionarios actualmente. Pero sino se les quiere inhabilitar, entonces solamente están engañando a los trabajadores”, apuntó.

El legislador lamentó que tampoco se está considerando la propuesta del PRI de que regrese el seguro de cesantía a los servidores públicos, el cual consistía en que les paguen el 50 por ciento del total de lo cotizado al jubilarse,  a pesar de que varios dirigentes sindicales que comparecieron este día en la Comisión solicitaron que se restituya ese derecho. 

El dirigente priísta también advirtió que se mantendrá el descuento del 15 por ciento de las cuotas a los salarios de los trabajadores de nuevo ingreso y que la iniciativa del gobernador sólo congelará la cuota en un 11 por ciento a los trabajadores de transición hasta el  final de su gobierno, por lo que ese porcentaje seguirá aumentando a partir del año 2031. 

En ese sentido, recordó que la propuesta del PRI era más beneficiosa, pues establecía que regrese al 8 por ciento, como estaba en la ley anterior del Isstey, y que el Instituto devuelva el dinero cobrado de más a quienes ya pagaron los porcentajes de cuotas excesivos.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Roger Torres Peniche, adelantó que votarán en contra del dictamen en la sesión del Pleno del Congreso del Estado el próximo viernes, pues dijo que se requieren datos técnicos, estudios independientes y mecanismos de seguimiento que garanticen la viabilidad del Instituto a corto, mediano y largo plazo.