El Tren Maya recorre las comunidades indígenas sin pasaje porque a la gente no le sirve. Pero lo que sí trajo la obra fue aumento de la delincuencia, turistificación, escasez de agua y militarización de su territorio.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 21 de mayo de 2025.- Defensores del territorio de la Península de Yucatán coincidieron en que el megaproyecto del Tren Maya está impulsando un proceso de turistificación que pretende acabar con el pueblo maya, además de que su militarización pone en peligro sus vidas.

Así lo señalaron durante una mesa panel organizada por diversas asociaciones civiles y el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la cual se abordaron las diversas problemáticas que han enfrentado desde el inicio de la construcción de la megaobra en el sexenio pasado.

Para el activista Ángel Sulub, del Centro Comunitario U Kúuchil K chi’ibal’on, el mal llamado Tren Maya ha generado descomposición social, violencia e incremento del narcotráfico en su comunidad Felipe Carrillo Puerto, la cual se había salvado en las últimas décadas del modelo de turistificación que se implementa en Cancún, Playa del Carmen y Tulum en Quintana Roo.

“Nosotros que estamos en el centro del estado no habíamos tenido la presencia de la turistificación, pero ahora se está acentuando con el tren, lo que provocaría que nuestro pueblo pueda desaparecer porque nos invisibilizan. Quienes sostienen la industria del turismo es la gente maya, gente que busca bienestar en ese sector  y solo encuentra precarización en la vida y en el trabajo, así como la muerte en manos de la delincuencia organizada”, apuntó.

Dijo que el tren viene a potenciar la narrativa de que el turismo en la única opción de bienestar, pero en realidad amenaza y pone en riesgo la forma de vida de los pueblos originarios, como lo es la milpa.

Ángel Sulub enfatizó que es un proyecto de despojo y racista, que no piensa en la movilidad, uso y disfrute de la gente que habita en los territorios indígenas.

De hecho, sostuvo que el Tren Maya está recorriendo el municipio de Felipe Carrillo Puerto, pero sin pasaje. “La gente no lo usa, no le sirve a la comunidad, prefieren usar un transporte más rápido y económico para llegar a su trabajo”, agregó.

Por su parte, Sara López, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), explicó que durante todo el proceso de construcción del Tren Maya los habitantes de diversas localidades de Campeche sufrieron el despojo de sus viviendas, amenazas, denuncias penales ante la Fiscalía y fragmentación de sus pueblos.

Puso como ejemplo que en Escárcega y en Candelaria, las niñas, niños y adultos mayores tienen que caminar por debajo del tren, en los pasos de fauna, para llegar al otro lado de la comunidad en donde están sus escuelas, centros de salud y familiares, porque “el tren militar prácticamente pasa en medio”.

Dijo que así como sucede en Felipe Carrillo Puerto, en Candelaria el ferrocarril pasa una o dos veces a la semana, pero sin pasaje, por lo que esta obra no representa ningún beneficio para la gente.

Pero lo más grave, es que la población también está sufriendo la militarización de su territorio, pues tan solo en Calakmul aumentó la presencia de elementos armados del Ejército y de la Guardia Nacional, quienes se sienten los dueños del lugar.

“Vivimos con miedo, con terror, al verlos andar con armas. Ya no hay diálogos con los gobiernos municipal o estatal, ahora tenemos que dialogar con el comandante, con el militar, con gente con armas”, criticó Sara López, quien advirtió que también incrementaron los casos de asesinatos, secuestros y desapariciones.

Otro problema que enfrentan es la escasez del agua potable en Calakmul, ya que llegó mucha gente a vivir ahí para construir el Tren, además de que se levantó un “hotel militar” cerca de la zona arqueológica, “y ellos sí tienen”

“No tenemos agua, pero tenemos tren. Nos bañamos con un poco de agua y eso no es justicia social”, recalcó la activista del CRIPX.

Por último, precisó que han sufrido criminalización, persecución y denuncias por parte del Gobierno federal, por lo que sostuvo que sus vidas como defensores del territorio están en peligro.