La empresa Inmobiliaria Abba denunció penalmente al comunicador Eduardo Lliteran tras realizar una cobertura periodística en Santa Gertrudis Copó, por lo que Article 19 exigió que cese la persecución en su contra.

Por Redacción

Ciudad de México,  22 de diciembre de 2023.- La asociación civilArticle 19 manifestó su preocupación por la reapertura del proceso de acoso judicial en contra del periodista Eduardo Lliteras, director del medio Infolliteras, por parte de representantes de la empresa Inmobiliaria Abba, quienes lo denunciaron penalmente tras cubrir una serie de movilizaciones sociales en la comisaría en Santa Gertrudis Copó de Mérida.

Eduardo Lliteras recibió una notificación por parte de la Fiscalía General de Yucatán el pasado 15 de diciembre, en la que se le informa que tiene calidad de imputado por el delito de despojo de casa inmueble con violencia, por hechos ocurridos el 1 de octubre de 2019.

Ese día, el periodista cubrió una protesta en contra de múltiples desarrollos inmobiliarios. No obstante, representantes de la empresa le acusan de ser organizador y parte de la protesta, así como de ingresar directamente a las direcciones con uso de violencia. 

Su representación legal fue informada el 18 de diciembre del presente que por este proceso se solicitaron medidas cautelares en su contra, entre las que se encontraban restricciones de acercamiento a los territorios disputados por la empresa, lo que representa una serie de limitaciones a su cobertura periodística. Según el relato del periodista, se presentó ante la Fiscalía el 20 de diciembre para solicitar información a la Fiscalía sobre dicha carpeta, a lo que el personal de la dependencia le indicó que “no la tenían”, “que no la encontraban” y que se la presentarán el próximo 26 de diciembre. 

“Es de especial preocupación que se apliquen estas medidas cautelares en contra del periodista, pues representan censura previa, prohibida por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. Este tipo de restricciones a la circulación libre opiniones y notas informativas crean obstáculos al libre flujo de información de relevancia pública, y por lo tanto violan el derecho a la libertad de expresión”, señaló Article 19..

Cabe recordar que entre 2019 y 2020, Eduardo Lliteras cubrió una serie de movilizaciones sociales en Conkal así como en Mérida, donde grupos de personas protestaban en contra de otros desarrollos inmobiliarios de la empresa Abba. Desde entonces, el director de Infolliteras ha cubierto no sólo las manifestaciones, sino los procesos de acoso judicial contra los habitantes del casco de la ex hacienda de Santa Gertrudis Copó y de otras comunidades. 

Eduardo Lliteras fue denunciado en 2019 por la empresa Abba, y se abrió la carpeta de investigación P3/897/2019 en su contra. Este proceso no había tenido avances y el periodista no había recibido alguna notificación desde entonces. Sin embargo, cuatro años después, la Fiscalía de Yucatán le notifica una vez más que se mantienen las acusaciones en su contra y que, se sostiene su estatus de imputado. 

Debido a las violaciones a sus derechos humanos por este proceso el periodista inició el expediente 191/2023 en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) en contra de funcionarios responsables de la Fiscalía General del Estado.

A lo largo de estos años, Lliteras y su medio de comunicación han sido víctimas de una serie de agresiones como amenazas, intervenciones a sus cuentas de correo electrónico, remoción de contenido en redes sociales, y bloqueos informativos. Resaltando los niveles continuos de violencia a los cuales él ha tenido que hacer

Desde el 2020, Article 19 ha documentado el uso de normativas estatales para censurar a la prensa tanto por actores privados como por actores públicos. Mientras que ese año se documentó un caso de acoso judicial, en el 2021 se documentaron 3 casos, y el año pasado 9 casos. Así, en el 2022, Yucatán representó arriba del 30% de todos los casos de acoso judicial contra la prensa en el país. 

Cabe mencionar que Yucatán es 1 de 5 entidades federativas que mantiene el delito de calumnias, y 1 de 2 que mantiene el delito de difamación, en su código penal.  Esto, a pesar de que, la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en conjunto con el Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y Expresión han indicado en múltiples ocasiones que este tipo de delitos “no son  una restricción justificable de la libertad de expresión; debe derogarse la legislación penal sobre difamación y sustituirse, conforme sea necesario, por leyes civiles de difamación apropiadas.”

El año pasado, organizaciones de periodistas exigieron eliminar el delito de difamación para prevenir la criminalización de periodistas por hacer públicas informaciones de interés público. Sin embargo, hasta la fecha, el Congreso estatal se mantiene omiso en este compromiso con la prensa de la entidad, violentando de manera contínua su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. 

Por todo lo anterior, en un comunicado Article 19 hizo un llamado a la empresa Inmobiliaria Abba a desistir de su uso de la normativa en Yucatán para limitar la cobertura periodística de Eduardo Lliteras y de integrantes del medio de comunicación Infolliteras.

También exigió a la Fiscalía de Yucatán a cesar la investigación en su contra Eduardo Lliteras por la carpeta P3/897/2019, así como abstenerse de implementar medidas cautelares las cuales restringen la cobertura periodística de hechos de relevancia pública. 

Asimismo conminó a la Codhey a dar seguimiento a la queja interpuesta por Eduardo Lliteras para que se de acompañamiento en este proceso legal y se investiguen las violaciones a los derechos de libertad de expresión del periodista.