Entre la sanciones que contempla el documento están despedir a trabajadores y expulsar a los alumnos que cometan violencias sexuales.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 4 de julio de 2019.- Luego de varios meses de presión por parte del alumnado y de presentar al menos 19 casos de acoso sexual, esta mañana se aprobó en Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), expedir el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento y Acoso Sexual en esa casa de estudios.

Dicho documento de actuación fue aprobado por unanimidad y entrará en vigor a los 15 días hábiles siguientes de su publicación en la Gaceta Universitaria. De acuerdo con esa institución, se creará un comité integrado por la comunidad UADY, encargado de la implementación y ejecución de la normativa. 

Al terminar la sesión, representantes de los medios de comunicación le preguntaron al rector José de Jesús William sobre si dicho Protocolo servirá para atender las 19 quejas de violencia sexual recopiladas por el colectivo de estudiantes UADY Sin Acoso, pero negó que sean tantos casos.

“Sólo son dos… el abogado tiene la información”, se limitó a decir al tiempo que mandó llamar al abogado general de la Universidad, Renán Solís Sánchez, para que contestara las preguntas y luego se hizo a un lado.

“No sabemos exactamente cuántas son, existen varias denuncias y tenemos un numero en cuanto a las que atendemos, todas en el área jurídica y como ha dicho el rector, cero tolerancia”, indicó ese funcionario, al reconocer que hay casos que también son investigados en la Fiscalía General del Estado.

Sobre el Protocolo, señaló que contempla despedir a trabajadores y docentes a quienes se les compruebe que violentaron sexualmente a estudiantes. De igual forma, se podrá expulsar a los alumnos que cometan esas prácticas.

“Si se advierte que puede haber alguna causal laboral si se trata de un empleado de la universidad, entonces se llevara a cabo el procedimiento que corresponda de acuerdo con cada contrato colectivo de trabajo”, abundó al precisar que los sindicatos están al tanto de esa disposición.

Explicó que cuando se presente alguna denuncia, existirá una comisión ejecutiva que se va a encargar de atenderla,  realizando  entrevistas, se citará a un abogado o psicólogo especialista, según sea el caso y se formara un comité investigador.

Dijo que al final este grupo puede concluir con una recomendación y de advertirse que se cometió un delito, se le dará conocimiento a la Fiscalía para que también proceda.

“En sus resoluciones se puede recomendar expulsiones de alumnos o despidos de trabajadores, que se aplicará  con la normativa universitaria. Son recomendaciones porque el Protocolo es una guía que nos va a orientar y las sanciones se van a aplicar, pero de acuerdo con la normativa”, insistió.

Solís Sánchez agregó que también acabarán las comparecencias entre la víctima y el agresor en la misma audiencia para evitar la revictimización, la cual era una de las principales demandas de UADY Sin Acoso.

Por cierto, la vocera de ese colectivo, Rosa Elena Cruz Pech, indicó que todavía no han podido acceder completamente al documento, pero de acuerdo con el mapa conceptual que les presentaron hay muchas ambigüedades sobre cuáles serán las sanciones para quienes cometan esas violencias.

Dijo que estudiarán a fondo el documento y se asesorarán jurídicamente para que puedan presentar observaciones, sobre todo en los aspectos que no queden claros.

“Hay cosas que no están bien marcadas o que son ambiguas, por ejemplo, se habla de que cuando la víctima sea mayor de edad únicamente tendrá un año como lapso para poder denunciar a su agresor… pero un año es un periodo muy poco para que una victima de violación y abuso sexual pueda hablar del tema”, declaró.

Cruz Pech señaló que a pesar de que la rectoría ya lanzó este protocolo y que se contemplan capacitaciones sobre cómo prevenir violencias sexuales, entre otras herramientas, UADY Sin Acoso seguirá funcionando acompañando a las y los estudiantes, porque éstos no confían en las autoridades universitarias y no saben cómo denunciar.