Las ministras y los ministros de la Primera Sala sentenciaron que los diputados locales violaron derechos humanos y realizaron actos inconstitucionales al votar de forma secreta el dictamen en el que rechazaron el matrimonio igualitario en 2019. El Congreso tendrá que repetir la votación y ser transparente.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 18 de Agosto de 2021.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió dos amparos a activistas y colectivos que luchan por los derechos de las personas LGBT+  en contra del Congreso de Yucatán, por votar de forma secreta un dictamen en el que se rechazó el matrimonio igualitario en el 2019. Por tal razón, se invalidó dicha votación y ahora tendrá que repetirse de forma transparente.

De esta manera, se confirmó que las diputadas y los diputados realizaron una ilegalidad y actuaron de forma inconstitucional al realizar dicha votación por medio de cédulas, atentando contra derechos humanos. Con esta resolución, tendrían que reponer ese proceso legislativo.

De forma unánime, la Primera Sala aprobó las ponencias de los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz, y del tal forma se concedieron los amparos de los expedientes 25/2021 y 27/2021, los cuales fueron promovidos desde la sociedad civil.

En ambas sentencias señalaron que “la imposición de una votación por cédulas secretas con el objetivo de permitir el matrimonio igualitario en Yucatán transgredió claramente los principios de legalidad y seguridad jurídicas, por contravenir la legislación orgánica y reglamentaria del propio Congreso del Estado, generándose a su vez una violación a los derechos a la libertad de expresión, acceso a la información y participación activa en los asuntos públicos del Estado de las y los quejosos”.

En las propuestas, se recalcó que la votaciones por cédulas en el Congreso únicamente están permitidas para elegir funcionarios, no para aprobar o rechazar dictámenes y reformas legislativas.

Las agrupaciones que promovieron el amparo son el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán, Indignación, y la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa (UNASSE), quienes señalaron que las sentencias exhibieron el actuar antidemocrático de la actual legislatura y garantizan los derechos políticos y de libertad de expresión de la ciudadanía yucateca.

En ese sentido, consideraron que esta es una oportunidad invaluable para que las y los legisladores, en cumplimiento de las sentencias de la Corte, reparen el proceso legislativo, realicen una votación abierta y transparente y aprueben la iniciativa para reconocer el matrimonio y el  concubinato para las parejas del mismo sexo en Yucatán.

Dijeron que  de esta manera podrán resarcir, aunque sea en parte, las flagrantes violaciones a derechos humanos que gestaron en esta legislatura que está por concluir.

Por cierto, cabe mencionar que apenas ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobó una nueva iniciativa sobre el matrimonio igualitario, la cual debe pasar en el Pleno del Congreso en estos días. Será la tercera ocasión que se discuta este tema en la actual legislatura, por lo que es probable que esta vez sí se apruebe.

La última vez que se discutió en el 2019, se rechazó el dictamen con 15 votos en contra y nueve a favor.