Hasta ahora, la Fiscalía no ha dado a conocer los resultados de las investigaciones sobre la red digital en dónde se compartían imágenes y videos íntimos de universitarias, señaló la activista Rosa Cruz.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 12 de mayo de 2022.- La activista feminista Rosa Elena Cruz Pech, fundadora de UADY Sin Acoso, indicó que hasta el momento no han recibido avances sobre la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) por los casos de violencia digital en la Universidad Anáhuac Mayab.

Como hemos informado, la colectiva Sororidad Anáhuac dio a conocer en enero pasado que alumnos de esa universidad privada crearon un grupo en la red social Telegram, con más de mil personas, donde compartían videos y fotografías íntimas de sus compañeras. Este hecho provocó un escándalo a nivel nacional tras destaparse un nuevo caso de violencia digital en Yucatán.

En entrevista para Haz Ruido, Cruz Pech recordó que fue interpuesta una denuncia ante la FGE para la cuál no han recibido alguna notificación sobre el avance de la investigación.

“Estamos esperando unos meses más, hasta que se cumplan los seis, para volver a pedir transparencia a ver qué ha pasado en este caso”, apuntó.

Comentó que lo último que supieron las activistas que están al pendiente de la situación, es que impartieron un foro con la presencia de Olimpia Coral, impulsora de la Ley Olimpia que va contra el acoso digital en México.

Además, indicó que hubo un diálogo con las feministas que realizaron las manifestaciones en el plantel en torno al caso.

En ese sentido, dijo que seguirán en espera de más información, sobre todo después de que en marzo se realizó una firma del convenio entre autoridades para la creación de la Red de Universidades Violeta, del cuál dijo que también desconocen su alcance.

Iniciativa 3 de 3 contra la violencia

Por otra parte, la activista informó que este fin de semana las integrantes de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) informaron sobre los avances de la Iniciativa Ciudadana 3 de 3 contra la violencia, la cuál ya fue presentada en el Congreso del Estado a través de la diputada Vida Gómez Herrera.

Con ella se busca que ninguna persona que cuente con denuncias en violencia familiar, sexual o sea un deudor alimentario, pueda aspirar a un cargo público.

“Considero que es una buena iniciativa que marcaría un precedente. Si no se aprueba creo que podría continuar trabajándose hasta perfeccionarse. Lo que se quiere es limpiar los cargos públicos de la violencia y demostrar que hay otras formas de hacer política, no queremos más agresores en estos espacios”, finalizó.