El Balance 2019 de la Redim señala que el estado ocupa el lugar número once  a nivel nacional en cuanto a niñas, niños y adolescentes que laboran; el documento también indica que una de las principales causas de dicha problemática es la pobreza.

En Yucatán, 55 mil 825 personas de cero a 17 años viven en condiciones de pobreza extrema.

Por Redacción 

Mérida, Yucatán, 9 de enero de 2020.- De acuerdo con el Balance 2019 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el 13.9 por ciento de la población yucateca de cero a 17 años labora, es decir, casi 68 mil niñas, niños y adolescentes participan en actividades económicas no permitidas o realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

El documento, dado a conocer hace unos días por Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo del organismo, señala que la entidad rebasa la media nacional de 11 por ciento, ocupando el décimo primer peldaño en el rubro de trabajo infantil en la República.

Según la Redim, la pobreza es “una de las principales causas que les lleva a realizar actividades económicas para cubrir sus necesidades básicas y apoyar a su familia. Las afectaciones a su desarrollo son mayores si el trabajo lo realizan fuera de sus comunidades y sin acompañamiento”.

En ese sentido, el mismo estudio destacó que 48.3 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de Yucatán, más de 314 mil 565, vive en condiciones de pobreza; de ese total, 258 mil 740 pertenecen a la modalidad de pobreza moderada y 55 mil 825, a la de pobreza extrema.

En cuanto al trabajo infantil, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) define dos vertientes: ocupación no permitida, que se refiere a actividades económicas prohibidas por la ley ya que ponen en riesgo su salud, o bien, afectan su desarrollo físico y/o mental.

Por otro lado, los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas implican la producción de bienes y la realización de servicios para el consumo de las y los miembros del hogar que afectan su salud y/o integridad física, es decir, se llevan a cabo en situaciones peligrosas o por periodos de tiempo prolongados.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que las consecuencias de esta problemática van desde las físicas, como enfermedades crónicas, desnutrición, accidentes laborales o abusos por parte de adultos, hasta las psicológicas, entre las que se encuentran el estrés, bajos niveles de autoestima y falta de esperanza en el futuro.

Asimismo, la infancia y adolescencia trabajadoras, en su gran mayoría, se ven obligadas a dejar los estudios, lo cual se traduce en la perpetuación de los ciclos intergeneracionales de pobreza, socava las economías nacionales e impide el progreso. (Fotografía de Cuauhtémoc Moreno)