El Congreso del Estado aprobó reformas para que personas con antecedentes de violencias de género o deudores alimentarios no ocupen cargos de representación popular ni puestos de gobierno en Yucatán.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 31 de mayo de 2022.- Con un llamado a limpiar de violencia el Poder en Yucatán, el Congreso del Estado aprobó de manera unánime la iniciativa 3 de 3 para que ningún agresor de mujeres o deudores alimentarios ocupe cargos de representación popular o puestos en las instancias gubernamentales.

El dictamen establece que no podrán ser servidores públicos aquellas personas con antecedentes penales en violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, o que sean deudores alimentarios morosos.

Al declarar que se requieren representantes públicos dignos, la diputada del PAN, Carmen González Martín, explicó que la iniciativa no es violatoria de las garantías individuales o un instrumento de revanchas políticas, ni tampoco tiene dedicatoria, más bien tiene que ver con un mecanismo útil  para limpiar las instituciones de agresores.

“Necesitamos mejores funcionarias y funcionarios públicos y ser conscientes que, si una persona no cumple con dar alimentos a su propia familia ¿cómo creemos que pueda cumplir con su compromiso y promesa de campaña y con sus compromisos? Y si una persona ejerce violencia en su casa, por supuesto que va a ejercer violencia en cualquier espacio en el que se conduzca, sea público o privado, y todavía es más grave cuando cometen delitos del orden sexual contra las mujeres y niños ¿De verdad creemos que al ejercer el cargo dejarán de hacerlo?, la respuesta es clara, con total cinismo harán uso de su investidura para permanecer impunes, y vaya que sobran ejemplos en nuestro país”, sostuvo.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, señaló que las reformas de 3 de 3 constituyen un marco que busca dignificar la política y el poder público en una país en donde 11 mujeres son asesinadas al día y que solo dos de cada 10 niñas o niños que demandan una pensión alimenticia, la reciben.

Recordó que la iniciativa fue presentada por la sociedad civil y que el dictamen

refleja un exhaustivo análisis realizado a lo largo de varios meses que incluyó reuniones con activistas, académicas, abogadas y asesoras, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en la elaboración de este documento.

“Esta iniciativa marca la pauta para comenzar a equilibrar la balanza de la justicia. Sienta las bases para la igualdad sustantiva en Yucatán y en México. Como legisladoras y legisladores, nos toca garantizar en las leyes que los agresores sexuales, los violadores y los deudores alimenticios no lleguen a puestos de poder. Hay que romper las redes que solapan la impunidad y estas formas de violencia hacia la mujer y hacia las niñas y los niños de Yucatán”, recalcó.

Vida Gómez abundó que para elaborar el dictamen se cuidó que no exista ninguna violación a los derechos humanos, la constitucionalidad y la no discriminación en cada artículo y la técnica legislativa y la legalidad de este documento.

Del mismo modo, la diputada del PRI, Fabiola Loeza Novelo, enfatizó que con la aprobación de las reformas 3 de 3 contra la violencia de género se pretende inhibir conductas que contribuyan a la cultura patriarcal que fomentan la desigualdad estructural entre mujeres y hombres.

Al aprobarse el dictamen, las activistas feministas y el público presente en el recinto legislativo se pusieron de pie y aplaudieron durante varios minutos.